Durante la pasada década, el llamado dinero móvil ha contribuido a reducir la brecha de exclusión financiera en los países de ingresos bajos y medios, con 290 despliegues activos en 95 países y más de 1.000 millones de cuentas registradas. En el África subsahariana, casi la mitad de los usuarios de dinero móvil depende exclusivamente de este para acceder a servicios financieros.
Así pues, el dinero móvil ofrece una vía de inclusión financiera a los 1.700 millones de personas en todo el mundo que no disponen de servicios bancarios.
Dicha circunstancia ha adquirido una importancia aún mayor desde que surgió la Covid-19 (nuevo coronavirus). La pandemia ha tenido graves repercusiones, como el incremento de hospitalizaciones, el cierre de oficinas y comercios, y las restricciones a la circulación destinadas a limitar el contacto entre ciudadanos. Las cifras ofrecidas por el FMI a finales de setiembre de 2020 muestran que, además, ha provocado la mayor contracción en la producción económica desde la Gran Depresión y el primer aumento de la pobreza mundial en más de dos décadas.
Los países de ingresos bajos y medios están más expuestos a los riesgos intrínsecos a la Covid-19. El distanciamiento social es más difícil de conseguir y mantener en economías que dependen del dinero en efectivo y de la compra física de bienes. Por ello, es imprescindible que sus mercados aceleren la adopción de los pagos digitales, y el dinero móvil ofrece un vehículo idóneo para ello.
¿Cómo fomentar el uso del dinero móvil?
En semejante contexto, hay que valorar la repercusión de las regulaciones sobre la adopción y el uso de servicios de dinero móvil. Un reciente documento de GSMA Intelligence aporta nuevas pruebas sobre la relación entre la regulación del dinero móvil y el uso efectivo de este, a partir de datos provenientes del Índice de Regulación del Dinero Móvil (conocido por las siglas inglesas MMRI) de la GSMA –la evaluación más completa de la regulación del dinero móvil desarrollada hasta la fecha–, y de la base de datos Global Findex.
Un resultado alentador de dicho estudio es que existen pruebas convincentes de que los países con marcos normativos favorables, medidos de acuerdo con el MMRI, alcanzan niveles significativamente más elevados de uso del dinero móvil. También se destacan algunas de las políticas reguladoras específicas vinculadas a un incremento en el uso del dinero móvil. Así, por ejemplo, que se autorice a entidades no bancarias a emitir dinero móvil y que no se impongan límites estrictos, impuestos o controles de precios sobre las transacciones.
El estudio también apunta que las regulaciones favorables contribuyen a incrementar la adopción del dinero móvil, sobre todo entre las mujeres y los segmentos de población más desfavorecidos. Algunas de las políticas que favorecen a dichos grupos son la flexibilización de los requisitos de conocimiento del cliente (conocidos por las siglas inglesas KYC de Know Your Customer) y la adopción de normativas que permitan a los agentes de dinero móvil registrar a los clientes y llevar a cabo toda una gama de servicios (esto es, no solo suministrar y retirar dinero). Así pues, las regulaciones repercuten sobre la inscripción de nuevos clientes en el servicio de dinero móvil, y sobre el entorno comercial y operativo en el que trabajan proveedores e inversores.
Se han adoptado medidas positivas en respuesta a la Covid-19, pero se podría hacer más
Un dato positivo es que numerosos gobiernos, ante la pandemia de Covid-19, han actuado con rapidez para fomentar la presencia del dinero móvil en sus economías. Esto ha permitido el pago de ayudas sociales y de socorro durante la pandemia, y también ha contribuido a mantener en pie las empresas que han podido ampliar los pagos digitales, o pasarse a ellos. Y por supuesto, el dinero móvil reduce el contacto con el dinero en efectivo, lo que ayuda a frenar el contagio de la Covid-19.
Muchas de las normativas habilitadoras que se destacan en el estudio de GSMA Intelligence se han hallado en la base de las respuestas políticas a la Covid-19. Así, por ejemplo:
• Flexibilización de los requisitos de KYC. Varios organismos reguladores han relajado los procedimientos de KYC y de incorporación al servicio. Así, por ejemplo, el Banco de Ghana ha autorizado a las operadoras de telefonía móvil a usar la información de registro de telefonía móvil ya existente para dar de alta cuentas mínimas sujetas a KYC. Posteriormente, dicha medida ha adquirido carácter permanente.
• Ampliación de los límites impuestos a transacciones y saldos. Varios bancos centrales del África subsahariana (por ejemplo, en la República Democrática del Congo, Ruanda y Zambia) han aumentado el límite diario y mensual impuesto a las transacciones, así como al saldo del monedero, y en algunos casos dichas innovaciones también se han vuelto permanentes.
• Exención de comisiones. La supresión de las tasas sobre determinadas transacciones ha sido un instrumento popular en las políticas a corto plazo adoptadas contra la pandemia. Sin embargo, numerosos organismos reguladores observan que dichas medidas no son sostenibles a largo plazo y están colaborando con los proveedores de servicios para volver a la normalidad (por ejemplo, en Kenia, Zambia y Ghana).
A la luz de los datos recientes, debemos acoger con satisfacción la ampliación de los límites impuestos a las transacciones y la flexibilización de los requisitos de KYC, así como que se evite que las exenciones de tasas sean permanentes. Tales medidas beneficiarán tanto a los consumidores como a las pymes, muchas de las cuales no podían adoptar el dinero móvil de manera generalizada debido a los estrechos límites impuestos a las transacciones. Así pues, otros países se beneficiarán de seguir su ejemplo.
La Covid-19 ha propiciado un mayor conocimiento del dinero móvil entre los ciudadanos, sobre todo entre los que aún prefieren el uso de efectivo. Por tanto, los gobiernos y los responsables políticos deberían aprovechar esta oportunidad de impulsar la inclusión financiera, así como la digitalización de sus sistemas de pago y de sus economías en general.
– Kalvin Bahia – economista, GSMA Intelligence
Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.
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